Expertos advierten del peligro legal y de privacidad al utilizar aplicaciones de mensajería no corporativas para tratar información confidencial.
La popularidad de WhatsApp como herramienta de comunicación inmediata ha traspasado el ámbito personal para instalarse en entornos profesionales. Sin embargo, su uso para compartir datos sensibles, especialmente en sectores como el sanitario, educativo o jurídico, está siendo cada vez más cuestionado por autoridades y expertos en protección de datos.
Recientes incidentes relacionados con la filtración de información personal han motivado que diversas entidades, tanto públicas como privadas, emitan advertencias dirigidas a sus trabajadores. El mensaje es claro: utilizar canales no corporativos para transmitir datos confidenciales puede conllevar graves consecuencias legales, además de poner en peligro la privacidad de las personas afectadas.
La preocupación radica en que aplicaciones como WhatsApp, aunque cifradas de extremo a extremo, no están diseñadas para cumplir con los exigentes estándares de seguridad requeridos en el tratamiento de datos especialmente protegidos, como los relacionados con la salud, la educación o procesos judiciales. Además, muchas veces se utilizan desde dispositivos personales, sin las medidas de control y supervisión adecuadas.
«Compartir información de pacientes, alumnos o expedientes por este tipo de aplicaciones no autorizadas puede suponer una infracción del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), con posibles consecuencias penales, disciplinarias o administrativas», advierten desde el ámbito jurídico.
Uno de los riesgos más comunes es la incorporación accidental de terceros no autorizados a grupos de chat, así como la persistencia de mensajes y archivos en dispositivos sin las protecciones adecuadas. Asimismo, la posibilidad de robo o pérdida del móvil agrava aún más la exposición de datos sensibles.
A pesar de estas advertencias, el uso de WhatsApp en entornos laborales sigue extendiéndose, en parte por la falta de alternativas accesibles y por la inmediatez que ofrece. Por ello, los expertos insisten en la necesidad de formar a los profesionales en materia de ciberseguridad y fomentar el uso de herramientas diseñadas específicamente para contextos profesionales que sí cumplen con los estándares legales y técnicos.
La alerta sobre este uso indebido no solo apela a los responsables de protección de datos, sino a toda la plantilla de organizaciones y empresas. Proteger la información confidencial no es solo una cuestión de cumplimiento normativo, sino de ética profesional y respeto a los derechos fundamentales de las personas.
En un contexto donde cada vez más datos circulan digitalmente, la prudencia en la elección de los canales de comunicación es clave. La tecnología es una gran aliada, pero debe utilizarse con responsabilidad.
