Australia ha implementado recientemente una legislación que prohíbe a las personas menores de 16 años tener cuentas en redes sociales. Esta medida ha llevado a las plataformas sociales a apresurarse para eliminar las cuentas que consideren en violación de la nueva normativa, aunque no existen sanciones para los menores que intenten registrarse utilizando una edad falsa. Al ser el primer país en adoptar una prohibición de este tipo, Australia está bajo la atención mundial, que observa cómo se desarrolla esta legislación y si alcanzará los resultados esperados.
El comienzo de 2026 plantea una pregunta más amplia para los usuarios de internet y los reguladores: ¿será este el año en que se reevalúe la identidad en línea? A pesar de que las nuevas regulaciones australianas abordan preocupaciones legítimas sobre los riesgos que enfrentan los niños en redes sociales, prohibir su uso no representa la solución más efectiva. La narrativa histórica sugiere que las prohibiciones pueden aumentar la demanda, como ocurrió en el pasado con canciones censuradas que acabarían siendo más escuchadas.
En otros países y algunos estados de EE. UU., se están intentando implementar legislaciones de verificación de edad para limitar el acceso a contenido para adultos, lo que ha llevado al desarrollo de diversas tecnologías de verificación. Sin embargo, estas soluciones también plantean inquietudes sobre la privacidad y el manejo de datos. A esto se suman la proliferación de fraudes cibernéticos y la pregunta de si los sistemas actuales son adecuados para el entorno digital.
La percepción de que el comportamiento abusivo en línea proviene de fuentes distantes puede ser engañosa. Investigaciones recientes revelan que muchas ofensas extremas, como amenazas en redes sociales, provienen de usuarios locales. El anonimato facilitado por la creación de cuentas sin identificación formal permite que el abuso y el acoso florezcan, lo que complica la identificación de los infractores. Si las plataformas exigieran verificación de identidad, se podría eliminar en gran medida el contenido tóxico y responsabilizar a los abusadores.
Si bien hay preocupaciones sobre la restricción de la libertad de expresión, implementar un sistema de usuarios verificados podría permitir a los individuos filtrar mejor el contenido y evitar la exposición a abusos. Este enfoque no eliminaría la posibilidad de mantener el anonimato, ya que se podría verificar la identidad sin revelar la información a otros usuarios.
La realidad es que las actuales medidas para limitar el acceso de ciertos grupos de edad no están abordando efectivamente el problema del contenido abusivo o ilegal. En lugar de proteger a los menores, podrían empujarlos a buscar medios alternativos, incrementando así los riesgos que buscan mitigar las nuevas leyes.
Fuente: WeLiveSecurity by eSet.
